El Tribunal Superior de Justicia ha tumbado la mezquindad de la Generalitat Valenciana. Ha obligado a pagar con carácter retroactivo las ayudas de la Ley de Dependencia. La familia de Sergi, un niño de 9 años y gran dependiente, ha visto reconocidos en la justicia los derechos que le negaba la Conselleria de Bienestar Social. En 2007 pidieron la prestación de cuidador familiar, una figura recogida en la Ley de Dependencia. La ayuda fue aprobada en 2009. Solo a partir de entonces empezó a cobrar. La Generalitat se negaba a pagar por el tiempo que había estado gestionando la petición de ayudas.

Las razones que aportaba la Generalitat era lo que más indignaba a la familia, como reconoce su madre, Beatriu Tudela, miembro de la Plataforma en Defensa de Llei de Dependència de L’Alcoià i El Comtat. "Decían que no estaba probado que hubiese recibido la atención, cuando pasó los dos primeros años de vida en el hospital", afirma.

La justicia ha obligado ahora a pagar a la Generalitat, que ya ha ingresado los fondos correspondientes a 26 meses.  Las sentencias de este tipo se están sucediendo desde que el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a una familia de Cocentaina.

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